2018: El juicio a Puigdemont y Junqueras tendrá que esperar

La «macrocausa» contra los principales impulsores del proceso independentista acaparará el interés mediático del año judicial que ahora empieza, aunque es muy improbable, según las fuentes consultadas, que en los próximos doce meses se celebre el juicio contra Carles Puigdemont, si finalmente regresa a España, Oriol Junqueras y el resto de investigados.

Pero 2018 vendrá bien nutrido de otros asuntos de indudable relevancia en los tribunales. Este año será el del juicio de «los papeles de Bárcenas» sobre la presunta contabilidad «B» del PP y, en apenas unos días, comenzará también en la Audiencia Nacional la vista oral que abordará la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia. Además, en 2018 el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otros 34 ex directivos de la entidad se sentarán en el banquillo por la salida a bolsa de Bankia, lo mismo que le sucederá al futbolista del PSG Neymar –que áun debe saldar cuentas judiciales por las presuntas irregularidades en su fichaje por el Barcelona– y al ex presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en el «caso Ausbanc» a cuenta de sus supuestos chantajes a la Infanta y a una veintena de entidades.

No hay que irse tan lejos para la reanudación del juicio de los ERE, que ha sentado en el banquillo a los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, para quienes la Fiscalía pide seis años de cárcel y diez de inhabilitación, respectivamente. Tras la lectura de las cuestiones previas, el próximo día 9 se retomarán las sesiones de la vista oral. El Ministerio Público cifra en 741 millones el fraude de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares. Además de los dos ex presidentes están acusados seis exconsejeros y 14 antiguos altos cargos.

Pero el año que estrenamos no será sólo de juicios mediáticos. En 2018 también se conocerán dos decisiones judiciales muy esperadas: la sentencia del «caso Gürtel», que aborda la primera época de la trama corrupta, y la resolución, por parte del Tribunal Supremo, de los recursos de casación del «caso Nóos», que podría llevar a prisión a Iñaki Urdangarín, condenado a seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia de Palma. El Alto Tribunal también se pronunciará sobre las condenas en el juicio de las «tarjetas black». Asimismo, está previsto que en las primeras semanas del año la Audiencia Nacional notifique la sentencia del «caso Pretoria», que sentó en el banquillo por corrupción inmobiliaria a dos destacados integrantes de la «vieja guardia» de Convergència, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, que fueron hombres de máxima confianza del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El desafío independentista seguirá marcando la agenda judicial de 2018. La principal incógnita del año judicial reside en saber si antes de que termine el año se sentarán en el banquillo Puigdemont, Junqueras y el resto de investigados en la «macrocausa» que instruye el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los principales responsables del desafío independentista en Cataluña.

La intención del instructor es cerrar la investigación antes de los seis meses de plazo que marca la ley (en todo caso prorrogables cuando se considera la causa de especial complejidad), pero las nuevas imputaciones y las que pueden añadirse (entre ellas la del ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero) complicarían los planes de Llarena de dar carpetazo al asunto antes del próximo mayo. Y aunque así fuera, tras el hipotético auto de procesamiento la posterior catarata de recursos de la fase intermedia del procedimiento dificultaría mucho señalar el comienzo de la vista oral «antes de diciembre de 2018», apuntan las fuentes consultadas. Si para entonces Puigdemont siguiese en busca y captura, añaden, no sería juzgado en ausencia (una posibilidad prevista únicamente cuando las penas son muy pequeñas y siempre que el investigado haya declarado ante el juez, lo que no ha sucedido aún en el caso del ex president) y, en ese caso, se sentaría en el banquillo en un juicio posterior una vez se pusiese a disposición de la Justicia española.

Desde el punto de vista cronológico, en apenas dos semanas comenzará en la Audiencia Nacional el juicio por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano (que se prevé concluya el próximo 6 de abril) a través de la «trama Gürtel». Entre los veinte acusados se encuentran el ex secretario general de la formación en Valencia Ricardo Costa y Vicente Rambla, que fue vicepresidente en el Gobierno de Francisco Camps, para los que la Fiscalía pide una pena de siete años y nueve meses de prisión.

Todavía sin fecha se encuentra el juicio de «los papeles de Bárcenas», en el que se dilucidará la existencia de la presunta «caja B» del PP (con la que se habrían pagado parte de las obras de reforma de su sede de la calle Génova), pendiente de la recusación planteada por IU contra uno de los magistrados que integran el tribunal, Juan Pablo González, por su «amistad manifiesta» con el PP. Además de Luis Bárcenas, entre los acusados figura el ex gerente popular Cristóbal Páez.

Una de las noticias más esperada del año se conocerá previsiblemente en las próximas semanas, cuando se espera que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación del «caso Nóos». Su decisión determinará si Urdangarín, para quien la Fiscalía pide que la pena se eleve a diez años de prisión, debe ingresar en la cárcel para cumplir su condena, la misma situación en la que se encuentra su ex socio Diego Torres. El Alto Tribunal también dilucidará si la «trama valenciana» de Nóos, absuelta por la Audiencia de Palma, debe ser condenada por los tres congresos organizados por el Instituto Nóos en la ciudad del Turia.

Asimismo, el Supremo tiene pendiente de resolver los recursos contra la sentencia que condenó por apropiación indebida, a penas de entre tres meses y seis años de cárcel, a 65 ex directivos de Bankia y Caja Madrid que gastaron 12,5 millones con los polémicos plásticos entre 2003 y 2012. Dieciocho de los condenados podrían ir a la cárcel si el Alto Tribunal confirma la decisión de la Audiencia Nacional, entre ellos Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio, el ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj y el que fuera vicepresidente de la entidad Juan Antonio Moral Santín.

Otra resolución que se notificarán en los próximos meses es la sentencia del «caso Gürtel», que durante más de un año enjuició la Audiencia Nacional. El líder de la trama, Francisco Correa, se enfrenta a una posible condena a 125 años de prisión y el ex tesorero Luis Bárcenas, a 39. El tribunal tiene que decidir, además, si condena al PP y a la ex ministra Ana Mato como partícipes a título lucrativo por beneficiarse de dinero de la trama desconociendo su origen delictivo (la formación en la campaña municipal de 2003 en Pozuelo y Majadahonda y la ex titular de Sanidad, en viajes y fiestas familiares).

Al caer está también, aunque con mucha menor expectación mediática, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el «caso Pretoria», de la que es ponente la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal del citado tribunal. El acuerdo de la Fiscalía con Prenafeta y Alavedra garantiza que no entrarán en prisión (al rebajar Anticorrupción de seis a dos años su petición de condena). Mucho más inquietante resulta la situación del supuesto líder de la trama de corrupción urbanística, el ex diputado del PSC Luis Andrés García «Luigi», que se enfrenta a una petición fiscal de trece años de cárcel y una multa de 26,1 millones de euros.

El PP será el protagonista de otro de los juicios del año, en el que será juzgado (aunque ni la Fiscalía ni Bárcenas le acusan) como persona jurídica junto a su tesorera, Carmen Navarro, y Alberto Durán, asesor jurídico de la formación, por el borrado de los discos duros de los ordenadores del ex tesorero. Será la primera vez que un partido se siente en el banquillo en un juicio penal.

A la espera de fecha se encuentran también los juicios por la salida a bolsa de Bankia, con 35 procesados, entre ellos Rato y la propia entidad, por falsedad en las cuentas anuales de 2010 y 2011 y fraude de inversores al incluir supuestamente datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa. A la espera de vista oral están igualmente el «caso Ausbanc» –con el supuesto chantaje a la Infanta en el epicentro del proceso contra los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, que se enfrentan a posibles condenas de 119 y 25 años de prisión– y el procedimiento en el que se investiga a Neymar por corrupción entre particulares en su fichaje por el Barça. La sentencia de este último caso podría tener repercusiones para la estrella del PSG, pues DIS –la empresa que tenía el 40% de sus derechos cuando fichó por el Barcelona y que se siente engañada por el club azulgrana– reclama para el jugador no sólo cinco años de prisión, sino que se le inhabilite para jugar al fútbol durante ese mismo periodo.

Source: NGT

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