2019: el año del maratón electoral

La situación política parece encaminada a concluir el año que viene en un ciclo electoral inexplorado por la coincidencia de hasta seis citas con las urnas. Lo partidos de un lado y de otro se mueven ya con la previsión de que a la convocatoria que toca por calendario, las autonómicas, municipales y europeas, se unan otras elecciones autonómicas en Cataluña y de nuevo generales, además de las andaluzas que serían las primeras en entrar en juego. Seis procesos electorales en cuestión de meses, que además del coste presupuestario extraordinario abren un horizonte incierto, que nunca se ha dado hasta ahora, y sobre el que, por tanto, no es fácil teorizar sobre sus efectos ni siquiera para los expertos demoscópicos.

En cuanto a la costosa inflación electoral, la previsión de gasto hay que hacerla sobre lo presupuestado para las anteriores convocatorias. Las andaluzas de 2015 alcanzaron un coste de 11,8 millones de euros, según los datos de la Junta de Andalucía. Las anteriores catalanas, diciembre de 2017, supusieron para la Generalitat un gasto de 25 millones de euros. En este caso con el añadido de que en Cataluña han llegado a celebrarse hasta seis elecciones en siete años, lo que implica un coste total de unos 120 millones de euros para una comunidad que ha necesitado del auxilio permanente del Estado para sostener sus arcas públicas. Al margen de las elecciones a Cortes Generales, las municipales y las europeas, desde el año 2010 se han celebrado comicios autonómicos cada catorce meses de media. Hubo elecciones catalanas en noviembre de 2010, en noviembre de 2012 y en septiembre de 2015, a las que seguirán las convocadas para el próximo 21 de diciembre. Y, por si fuera poco, el independentismo promovió dos referéndums ilegales: el del 9 de noviembre de 2014 y el del 1 de octubre de 2017. El coste de las autonómicas y municipales de 2015 fue de 127 millones de euros. Y las últimas generales, las de 2016, fueron presupuestadas para el Estado en 130,6 millones de euros. La extrapolación, incluyendo las europeas –104 millones–, eleva a 398 millones el previsible gasto electoral que habrá que asumir en 2019.

Además de esta repercusión presupuestaria, tanta acumulación de elecciones puede llevar a que la ciudadanía se canse de votar y aumente la abstención. El horizonte es aún más incierto e imprevisible para la «ciencia» demoscópica. Se supone que la participación de todas las elecciones se aproxima a la superior, a la de las generales. Asimismo, las municipales tiran al alza de las autonómicas y europeas. Pero en este calendario cruzado pueden alterarse algunas de estas premisas. En generales vota alrededor del 75 por ciento del electorado, y en europeas sobre un 50 por ciento. Y lo que no es previsible es que el votante participe en una urna, y se abstenga en otra, si hay coincidencia de las mismas en el colegio electoral.

En Cataluña, la clave está en si el colapso político e institucional resiste o no hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia respecto a los dirigentes independentistas que pilotaron el «procés» y la declaración unilateral de independencia. Y en clave nacional, en el Gobierno y en el PSOE está abierto en canal el debate sobre cuándo les conviene disolver la legislatura, aunque el discurso oficial lo niegue. El principal asesor áulico presidencial, Iván Redondo, ha liderado hasta ahora la corriente partidaria de aguantar como sea en La Moncloa hasta apurar todo lo posible la legislatura. A Redondo se le reconoce una influencia absoluta sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y Sánchez, a su vez, ha demostrado en su carrera política que entre sus fortalezas está la de resistir y volver a su favor las situaciones adversas erigiéndose en víctima de las mismas.

Pero también es cierto que son crecientes las voces que entienden que el tiempo va a empezar a correr en contra del PSOE. La idea de que coincidan las andaluzas con unas generales no se ve realmente factible en las filas socialistas, aunque esté ahí como posibilidad. Pero sí hay otro escenario más verosímil y que apunta a que el Gobierno presente su acuerdo presupuestario con Podemos y que a principios del año que viene justifique un adelanto electoral en el boicot independentista, por no haber cedido a su chantaje, y en la «ofensiva de la derecha» para «cargarse al Gobierno de Pedro».

Ésta es la baza argumental que le puede ofrecer una salida al Gobierno socialista para enmascarar que su debilidad parlamentaria extrema y las incompatibilidades programáticas con su socios de censura han cercenado su acción política y también parlamentaria.

Source: NGT

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