224 atentados en el limbo

Uno de cada tres asesinatos de ETA sigue sin resolverse (312 de los 858 cometidos por la banda durante el último medio siglo), pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reabierto en los últimos años, a instancias de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, más de una veintena de sumarios para interrumpir la prescripción con el objetivo de que no queden impunes o que todos los terroristas o colaboradores que intervinieron en los mismos paguen por esos crímenes. Entre esos procedimientos figuran, por ejemplo, las investigaciones por los asesinatos del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez (enero de 1995), del militante socialista Fernando Múgica (febrero de 1996), del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco (julio de 1997), o por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara (enero de 1996).

Un informe de la Fiscalía del citado tribunal del pasado enero reduce a 224 el número de atentados mortales de la banda terrorista «en los que no se ha podido exigir responsabilidades criminales a sus autores y/o cómplices», de los que 128 fuero cometidos entre 1978 y 1982 (durante el Gobierno de UCD), 83 entre noviembre de 1982 y marzo de 1996 (Gobierno del PSOE), doce entre abril de 1996 y marzo de 2004 (Gobierno del PP) y uno entre abril de 2004 y diciembre de 2011 (de nuevo con el PSOE en el poder).

Ese documento, elaborado por el anterior fiscal jefe, Javier Zaragoza, detalla que quedan por esclarecer 28 atentados mortales perpetrados por ETA desde 1992, de los que entre 2012 y el pasado año se han reabierto ocho. Entre estos figura la investigación por el asesinato del policía Juan Manuel Helices el 23 de abril de 1992 en Irún (Guipúzcoa), una causa reabierta en mayo de 2012 con el procesamiento del etarra Juan Antonio Olarra Guridi. Algo similar sucedió con el sumario por el atentado contra el comandante de Artillería Luciano Cortizo, asesinado el 22 de diciembre de 1995 en León, que se reabrió en septiembre de 2015, cuya reapertura concluyó con el procesamiento de los etarras Soledad Iparraguirre, «Anboto», y Sergio Polo Escobes, «Lur», un mes después. Y, más recientemente, en agosto de 2015, la Fiscalía instó la reapertura de la investigación del asesinato del presidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad, después de que un hijo de la víctima reconociera fotográficamente al supuesto autor de los disparos que terminaron con la vida de su padre el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza.

Además, en otros casos en los que sí ha habido condenas, las reaperturas persiguen que todos los culpables se sienten en el banquillo. Eso es lo que hizo en enero del pasado año el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con el sumario del asesinato de Miguel Ángel Blanco después de que la Fiscalía llegase a la convicción de que José Javier Arizcuren «Kantauri» , ex «jefe militar» de ETA ordenó por escrito a los pistoleros que pusiesen «toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP» para forzar al Gobierno a acercar a los presos etarras a cárceles del País Vasco.

En esa misma línea, la investigación del atentado mortal contra el magistrado José María Lidón también se retomó «al haber identificado un testigo presencial como autor material» a Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», según consta en el citado informe. Al igual que ocurrió con la del doble asesinato, en 1986, de los guardias civiles Ignacio Mateu y Adrián González Revilla, solicitando laFiscalía la imputación de los etarras José Miguel Latasa Guetaria y José Antonio López Ruiz, «Kubati», como supuestos autores materiales del atentado.

En todas esas investigaciones, la Fiscalía está «a la espera de la obtención de datos o indicios que nos permitan identificar a los autores y/o partícipes». Del mismo modo, el Ministerio Público está procediendo «a la revisión de las causas penales no prescritas y a valorar su posible reapertura cuando los servicios policiales antiterroristas remiten informes ampliatorios» que apuntan a nuevas líneas de investigación.

Con el listado de 349 asesinatos sin esclarecer facilitado en 2011 por la Fundación de Víctimas del Terrorismo –elaborado por la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara–, que a día de hoy se ha reducido a 312 tras la última actualización, la Fiscalía de la Audiencia concluyó, tras consultar numerosos archivos y procedimientos, que esas 349 víctimas mortales afectaban a 270 procedimientos penales. En 46 casos (atentados de 1978 a 1990), que afectan a 52 víctimas, «no se encontraron en principio antecedentes documentales» por lo que se reclamó información a las Fuerzas de Seguridad (los atestados de 35 de ellos se remitieron en su día a juzgados de instrucción donde se cometieron los crímenes). En la investigación de otros 135 atentados con 167 víctimas mortales, cometidos entre 1978 y 2009) se acordó el sobreseimiento, recuerda la Fiscalía en su informe, al no poder identificarse a los autores o cómplices. Por último, respecto a los 89 supuestos restantes, con 130 fallecidos, se dictaron resoluciones varias, desde condenas y absoluciones hasta sobreseimientos y prescripciones. En definitiva, la Fiscalía de la Audiencia Nacional cifraba en 224 el número de atentados mortales en los que no se han podido exigir responsabilidades penales a los terroristas o sus colaboradores.

Para las víctimas del terrorismo, las últimas líneas del terror de ETA no se pueden escribir mientras todos los asesinos y sus cómplices se enfrenten a los tribunales. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, asegura que «no hay final de ETA hasta que no se esclarezcan todos los casos sin resolver».

Source: NGT

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