Cs acepta que los imputados no dimitan y el PP baraja eliminar los aforados

El primer tanteo entre PP y Ciudadanos (Cs) para negociar el nuevo acuerdo de investidura del popular Fernando López Miras como presidente autonómico, tras la caída de Pedro Antonio Sánchez por estar investigado judicialmente, sirvió ayer para que los dos contendientes midiesen sus fuerzas y hasta dónde están dispuestos a ceder para escenificar que mantienen un matrimonio de conveniencia por intereses políticos en el que ninguno se fía del contrario. De esta primera conversación, que tiene que traducirse en el intercambio de documentos, lo más llamativo es que la conclusión del PP apunta a que la marca de Albert Rivera en Murcia está dispuesta a rectificar la exigencia de que la dimisión del cargo público investigado sea en el momento en el que se abre esa investigación judicial (la antigua imputación). Y que el límite se sitúe en la apertura del juicio oral. El PP regional planteó a Cs que esta fuera la regla con Sánchez con la justificación de «exigir coherencia» a la formación naranja, ya que la apertura del juicio oral es lo que ellos plantean en la ley estrella anticorrupción que han llevado al Congreso. La apertura del juicio oral es también el límite que marcan los Estatutos del PP.

El PP salió de la reunión de ayer convencido de que no hay problema en rectificar ese punto. El portavoz parlamentario de los populares, Víctor Martínez, así lo expresó en su comparecencia pública. Previamente, el portavoz de Cs, Miguel Sánchez, reconoció que hay que «darle una vuelta» al punto 1.1 del anterior acuerdo de investidura, que establece en la imputación el momento en el que un político debe abandonar su cargo. Y Víctor Martínez apostilló que «no va a haber ningún problema en llegar a un acuerdo en ese punto puesto que hay coincidencia entre ambas partes para establecerlo en la apertura de juicio oral».

Aunque este cambio de posición se presente como una consecuencia lógica de la renegociación de un acuerdo que ha planteado graves problemas de interpretación entre las dos partes, la rectificación de este apartado tiene un importante alcance político. La ley que defiende Cs en el Congreso no hubiese forzado la caída de Pedro Antonio Sánchez, y fue presentada en el Registro de la Cámara después de haber sido negociado el acuerdo de investidura de Sánchez como presidente autonómico. Los de Albert Rivera han justificado el cambio de posición con distintos argumentos. Desde que lo de Murcia es un acuerdo político y lo del Congreso una ley o que si no rebajaban su barrera sabían que su iniciativa no iba a tener los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, por ejemplo. A la espera de que oficialmente Cs confirme el criterio fijado en la negociación en Murcia en relación a este punto, el otro escollo del acuerdo es la nueva exigencia de Cs de que se eliminen de manera inmediata los aforamientos. Otra bandera bien vista ante la opinión pública, que les sirve para recuperar discurso y posición política, y que implícitamente tiene como objetivo cobrarse el acta de Pedro Antonio Sánchez como diputado regional. Del anterior acuerdo se podía interpretar que el ya ex presidente autonómico también debería haber renunciado a su acta y a su cargo como presidente regional del PP. Cs no exigió estas cesiones, salvo su dimisión. Pero en el PP interpretan que esta nueva exigencia de forzar «in extremis» que se apruebe la eliminación de los aforados, antes de que se produzca la investidura del nuevo presidente autonómico, tiene como objetivo conseguir por esta puerta el acta de Pedro Antonio Sánchez «con la esperanza de que al dejarle ante un juzgado ordinario sea encausado y procesado inmediamente». Pedro Antonio Sánchez está pendiente de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) por el «caso Auditorio» y también de la petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al TSJRM para que le investigue en la trama Púnica. Si perdiese el acta, la investigación por la Púnica pasaría inmediamente a la Audiencia Nacional, y el TSJRM dejaría de ser competente para juzgarle. El PP discrepa de la exigencia de Cs sobre los aforamientos. Ayer les trasladaron que en esta revisión de los aforados debería dejarse fuera al Consejo de Gobierno por la facilitad con que se podrían promover denuncias para condicionar sus actuaciones. Creen que «es una obligación por seguridad», ya que si no cualquier ciudadano puede, por ejemplo, actuar contra el consejero de Sanidad o de Hacienda y esta vulnerabilidad condicionaría sus decisiones.

También plantearon a Cs que lo lógico es que este cambio se haga a nivel nacional y no que cada comunidad autónoma actúe por su cuenta, y dado que hay una negociación abierta en Madrid al respecto entre las direcciones nacionales de los dos partidos, «lo conveniente sería esperar a que eso se aclare y se reciba el informe solicitado al Poder Judicial». Pero pese a este razonamiento en contra de la exigencia de Cs, fuentes populares admitían que después de haber cedido con Sánchez tienen muy poco margen para oponerse a esta nueva condición de los de Rivera.

Ahora bien, el PP confía en que si finalmente tienen que aceptar esta nueva exigencia «oportunista», la situación de Sánchez se aclare antes de que la reforma esté en vigor. Recuerdan que el procedimiento exige que vaya en una reforma del Estatuto regional que debería luego ser ratificado por las Cortes. En el Congreso de los Diputados, atendiendo al cupo de iniciativas autonómicas, podría iniciar su tramitación en el plazo de dos o tres meses, luego debe llegar al Senado, y si ahí no es aprobado, volvería al Congreso. Quizás al menos medio año para que pueda entrar en vigor. Y eso, de haber acuerdo a nivel nacional porque las conversaciones entre PP y Cs sobre aforados y limitación de mandatos están en punto muerto.

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