Cs acepta que los imputados no dimitan y el PP baraja eliminar los aforados

El primer tanteo entre PP y Ciudadanos (Cs) para negociar el nuevo acuerdo de investidura del popular Fernando L贸pez Miras como presidente auton贸mico, tras la ca铆da de Pedro Antonio S谩nchez por estar investigado judicialmente, sirvi贸 ayer para que los dos contendientes midiesen sus fuerzas y hasta d贸nde est谩n dispuestos a ceder para escenificar que mantienen un matrimonio de conveniencia por intereses pol铆ticos en el que ninguno se f铆a del contrario. De esta primera conversaci贸n, que tiene que traducirse en el intercambio de documentos, lo m谩s llamativo es que la conclusi贸n del PP apunta a que la marca de Albert Rivera en Murcia est谩 dispuesta a rectificar la exigencia de que la dimisi贸n del cargo p煤blico investigado sea en el momento en el que se abre esa investigaci贸n judicial (la antigua imputaci贸n). Y que el l铆mite se sit煤e en la apertura del juicio oral. El PP regional plante贸 a Cs que esta fuera la regla con S谩nchez con la justificaci贸n de 芦exigir coherencia禄 a la formaci贸n naranja, ya que la apertura del juicio oral es lo que ellos plantean en la ley estrella anticorrupci贸n que han llevado al Congreso. La apertura del juicio oral es tambi茅n el l铆mite que marcan los Estatutos del PP.

El PP sali贸 de la reuni贸n de ayer convencido de que no hay problema en rectificar ese punto. El portavoz parlamentario de los populares, V铆ctor Mart铆nez, as铆 lo expres贸 en su comparecencia p煤blica. Previamente, el portavoz de Cs, Miguel S谩nchez, reconoci贸 que hay que 芦darle una vuelta禄 al punto 1.1 del anterior acuerdo de investidura, que establece en la imputaci贸n el momento en el que un pol铆tico debe abandonar su cargo. Y V铆ctor Mart铆nez apostill贸 que 芦no va a haber ning煤n problema en llegar a un acuerdo en ese punto puesto que hay coincidencia entre ambas partes para establecerlo en la apertura de juicio oral禄.

Aunque este cambio de posici贸n se presente como una consecuencia l贸gica de la renegociaci贸n de un acuerdo que ha planteado graves problemas de interpretaci贸n entre las dos partes, la rectificaci贸n de este apartado tiene un importante alcance pol铆tico. La ley que defiende Cs en el Congreso no hubiese forzado la ca铆da de Pedro Antonio S谩nchez, y fue presentada en el Registro de la C谩mara despu茅s de haber sido negociado el acuerdo de investidura de S谩nchez como presidente auton贸mico. Los de Albert Rivera han justificado el cambio de posici贸n con distintos argumentos. Desde que lo de Murcia es un acuerdo pol铆tico y lo del Congreso una ley o que si no rebajaban su barrera sab铆an que su iniciativa no iba a tener los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, por ejemplo. A la espera de que oficialmente Cs confirme el criterio fijado en la negociaci贸n en Murcia en relaci贸n a este punto, el otro escollo del acuerdo es la nueva exigencia de Cs de que se eliminen de manera inmediata los aforamientos. Otra bandera bien vista ante la opini贸n p煤blica, que les sirve para recuperar discurso y posici贸n pol铆tica, y que impl铆citamente tiene como objetivo cobrarse el acta de Pedro Antonio S谩nchez como diputado regional. Del anterior acuerdo se pod铆a interpretar que el ya ex presidente auton贸mico tambi茅n deber铆a haber renunciado a su acta y a su cargo como presidente regional del PP. Cs no exigi贸 estas cesiones, salvo su dimisi贸n. Pero en el PP interpretan que esta nueva exigencia de forzar 芦in extremis禄 que se apruebe la eliminaci贸n de los aforados, antes de que se produzca la investidura del nuevo presidente auton贸mico, tiene como objetivo conseguir por esta puerta el acta de Pedro Antonio S谩nchez 芦con la esperanza de que al dejarle ante un juzgado ordinario sea encausado y procesado inmediamente禄. Pedro Antonio S谩nchez est谩 pendiente de la investigaci贸n en el Tribunal Superior de Justicia de la Regi贸n de Murcia (TSJRM) por el 芦caso Auditorio禄 y tambi茅n de la petici贸n del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al TSJRM para que le investigue en la trama P煤nica. Si perdiese el acta, la investigaci贸n por la P煤nica pasar铆a inmediamente a la Audiencia Nacional, y el TSJRM dejar铆a de ser competente para juzgarle. El PP discrepa de la exigencia de Cs sobre los aforamientos. Ayer les trasladaron que en esta revisi贸n de los aforados deber铆a dejarse fuera al Consejo de Gobierno por la facilitad con que se podr铆an promover denuncias para condicionar sus actuaciones. Creen que 芦es una obligaci贸n por seguridad禄, ya que si no cualquier ciudadano puede, por ejemplo, actuar contra el consejero de Sanidad o de Hacienda y esta vulnerabilidad condicionar铆a sus decisiones.

Tambi茅n plantearon a Cs que lo l贸gico es que este cambio se haga a nivel nacional y no que cada comunidad aut贸noma act煤e por su cuenta, y dado que hay una negociaci贸n abierta en Madrid al respecto entre las direcciones nacionales de los dos partidos, 芦lo conveniente ser铆a esperar a que eso se aclare y se reciba el informe solicitado al Poder Judicial禄. Pero pese a este razonamiento en contra de la exigencia de Cs, fuentes populares admit铆an que despu茅s de haber cedido con S谩nchez tienen muy poco margen para oponerse a esta nueva condici贸n de los de Rivera.

Ahora bien, el PP conf铆a en que si finalmente tienen que aceptar esta nueva exigencia 芦oportunista禄, la situaci贸n de S谩nchez se aclare antes de que la reforma est茅 en vigor. Recuerdan que el procedimiento exige que vaya en una reforma del Estatuto regional que deber铆a luego ser ratificado por las Cortes. En el Congreso de los Diputados, atendiendo al cupo de iniciativas auton贸micas, podr铆a iniciar su tramitaci贸n en el plazo de dos o tres meses, luego debe llegar al Senado, y si ah铆 no es aprobado, volver铆a al Congreso. Quiz谩s al menos medio a帽o para que pueda entrar en vigor. Y eso, de haber acuerdo a nivel nacional porque las conversaciones entre PP y Cs sobre aforados y limitaci贸n de mandatos est谩n en punto muerto.

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