El chavismo condena al fracaso el nuevo diálogo

La oposición venezolana acudía ayer a una nueva mesa de negociaciones sin muchas opciones, dividida y debilitada. Su principal carta era conseguir al menos que el régimen de Nicolás Maduro ceda en algunos puntos a cambio de lograr un mínimo de legitimidad en los ruedos internacionales. El ministro de Exteriores dominicano, Miguel Vargas, seguía optimista y afirmaba que todo está listo para que las negociaciones culminen «con una solución democrática, pacífica y estable a las divergencias existentes».

Sin embargo, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se encargaba de matar cualquier expectativa al asegurar que en el diálogo entre ambas partes no habrá negociación ni va a cambiar «nada», en alusión a las exigencias de los opositores. «¿Ustedes creen que ellos están en República Dominicana negociando qué? ¿Nuevas condiciones para las elecciones presidenciales? Aquí va a haber elecciones presidenciales con el mismo CNE (Consejo Nacional Electoral), aquí no vamos a cambiar, aquí no se va a cambiar nada», dijo Cabello en un acto en el este del país. Y agregó: «¿Liberación de presos políticos? No. No le corresponde al presidente, Nicolás Maduro, liberar a ningún detenido por quemar a personas».

Al término de las reuniones celebradas los pasados 1 y 2 de diciembre, Medina, anfitrión del diálogo, destacó que se avanzó «en profundidad» sobre seis puntos de la agenda. En sintonía el diputado Luis Florido, uno de los negociadores de la oposición, dijo que existe la posibilidad de que «se concreten unos acuerdos pero también hay una posibilidad de que no haya acuerdos». «Lo que sí tiene que tener claro el pueblo venezolano es que nosotros no vamos a firmar un mal acuerdo ni un acuerdo que perjudique a los venezolanos», añadió.

A este diálogo –al que se oponen líderes opositores como María Corina Machado o Antonio Ledezma– han acudido los partidos con más diputados de la oposición venezolana con la esperanza de lograr garantías electorales de cara a los comicios presidenciales previstos para 2018. También solicitan la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, un cambio en la composición del Consejo Electoral y la restitución de unos poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento. Por otro lado, la disidencia espera que se produzca la excarcelación de 114 personas que integran la lista de 382 detenidos a los que el antichavismo considera «presos políticos». Florido aseguró que entre esos presos hay 27 que pueden tener medidas humanitaria por enfermedad y 17 que tienen la petición de excarcelación pero que han sido ignoradas por las autoridades de las cárceles. Entre los 114 no se contemplan casos como el de Leopoldo López, privado de libertad desde 2014.

El chavismo pide el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y portavoces oficialistas ya han señalado que no aceptarán un canal humanitario o un cambio de integrantes del Poder Electoral. Dentro de estas nuevas sanciones se encuentran algunas que afectan también a la petrolera estatal PDVSA. La medida prohíbe «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal». Los títulos de PDVSA representan el 30% de la deuda externa del país.

Source: NGT Internacional

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