El fiscal se opone a suspender la inhabilitación de Homs, que tampoco podría ser eurodiputado

La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a que Frances Homs recupere su escaño en el Congreso de los Diputados hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que formalizará en breve contra la sentencia que le condenó a un año y un mes de inhabilitación para ocupar cargo público, por su papel activo en la celebración de la del 9-N. Además, un aspecto relevante del dictamen del Ministerio Público es que la condena que se impuso al ex portavoz del Partit Demòcrata Catalá “alcanza a las funciones de eurodiputado al Parlamento europeo”. Las últimas elecciones europeas fueron el 25 de mayo de 2014, por lo que si el Tribunal Constitucional no admite su recurso antes de mayo del próximo año, tampoco podrá ir en ninguna candidatura.

En este sentido, el fiscal Jaime Moreno señala en su informe que la inhabilitación para ocupar cargo de ámbito estatal no se ciñe a labores de representación política interna, “sino que se extiende y no excluye la representación, a través del proceso de designación de los representantes españoles, en instituciones internacionales o supranacionales de las que España forma parte y en los que se adoptan decisiones que afectan directamente a los intereses de los Estados miembros”. En este sentido, esgrime que el cargo electo lo es en virtud de unas elecciones de ámbito estatal y, por tanto, se trata de un cargo electivo de ámbito estatal, «aunque desempeñe sus funciones –en representación del Estado español- en el Parlamento Europeo». Por ello, sostiene que la pena de inhabilitación que se le ha impuesto se vería “burlada” por el sólo hecho de que se ejerzan tales funciones públicas en instituciones internacionales “en las que se ven afectados los intereses nacionales”.

Por otro lado, el fiscal no ve motivos que justifique dejar en suspenso la condena de Homs hasta que el TC resuelva el recurso de amparo frente a la sentencia del Tribunal Supremo. En este sentido, recuerda que la condena “es firme y procede su ejecución” y añade que, en todo caso, la decisión de suspenderla “es competencia del Tribunal Constitucional en el marco de un procedimiento de amparo”.

Para el fiscal, además, “no se alegan de contrario razones que justifiquen la adopción de una excepcional medida de suspensión” y cita como antecedente de denegación de una solicitud de esta naturaleza el auto en el que el Supremo rechazó suspender la condena al exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño inhabilitado por un delito de prevaricación.

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