El juez Velasco y un fiscal de la Audiencia irán a Francia para analizar las armas

La Audiencia Nacional comenzará a mover fichas de inmediato en lo que afecta a la entrega de armas por parte de la banda terrorista ETA. No pretende dejar un resquicio en poner todos sus medios para intentar determinar si algunas de ellas fueron utilizadas en atentados que están todavía sin resolver y poder avanzar en el esclarecimiento de los autores de esos crímenes que, de momento, han escapado a la Justicia, y ello pese a reconocerse la dificultad de esos extremos.

Por ello, y gracias a los acuerdos de colaboración bilateral existentes con Francia en materia de lucha contra el terrorismo –sin que exista necesidad de llegar la cooperación europea a través de Eurojust–, la Audiencia Nacional podrá enviar jueces y fiscales, además de policías o guardias civiles expertos en la materia, a Francia para estudiar todo lo relativo a las armas entregadas por la banda. Sin embargo, no es muy factible que esas pistolas y demás puedan arrojar mucha luz sobre los asesinatos que esperan solución en los archivos de los distintos juzgados.

Un momento clave para poner en marcha ese mecanismo será cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco curse a Francia la correspondiente comisión rogatoria esta misma semana. En ella se pedirá poder trasladarse a Francia tanto el magistrado como un fiscal, a fin de recabar datos sobre las armas entregadas por la banda, de las huellas dactilares que se puedan encontrar en las mismas o las pruebas de ADN, para ver si han sido utilizadas en atentados sin esclarecer.

En principio a Francia como consecuencia del espacio judicial común en materia de cooperación, se le puede pedir todo, casi como si se tratará de un exhorto entre juzgados españoles. Así, tanto el juez como el fiscal podrían tomar declaración, en calidad de testigos, a los verificadores, practicar las pruebas periciales que se consideren oportunas respecto a las armas, o cualquier otro aspecto.

Además, las autoridades judiciales podrían igualmente solicitar a la Policía gala, a través del auxilio judicial, que se practiquen los informes que se consideren pertinentes sobre cualquier extremo. Es aquí donde la Fiscalía solicitó al magistrado Eloy Velasco, y éste aceptará previsiblemente, que se realicen esos análisis sobre el material entregado por ETA.

La cooperación se presta desde dos niveles. En primer lugar, a través de un procedimiento «informal», desde europol y mediante convenios de Policía de ambos países. Y, en segundo lugar, por un procedimiento más «formal», que es el que se regula a través de las correspondientes comisiones rogatorias, directamente entre autoridades judiciales. Este último será el que se lleve a cabo en este caso. Para facilitar la cooperación, tanto España como Francia cuentan con sendos magistrados de enlaces en cada uno de los países. En el caso español, el magistrado de enlace en Francia es Javier Gómez Bermúdez, quien anteriormente estuvo destinado en la Audiencia Nacional.

Si hubiera que realizar una profunda investigación en los dos países, aunque no es previsible, se podría incluso recurrir a Eurojust para que organicen un equipo conjunto de investigación. Eurojust es el órgano de la Unión Europea encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, mediante la adopción de medidas estructurales que facilitan la mejor coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales que cubren el territorio de más de un Estado miembro.

En resumen, como se señala desde fuentes judiciales, «nos podemos mover por Francia como si fuera Madrid».

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