El virus de «las batas blancas» que ataca al PSOE

La paz social estaba asegurada en Andalucía cuando Susana Díaz amarró en junio de 2015 el apoyo de Ciudadanos. Tres meses después de las elecciones comenzaba una legislatura en la que no se preveían demasiados sobresaltos, con un dócil socio de gobierno y con los sindicatos y la patronal en perfecta sintonía con el Ejecutivo. Sin embargo, en 2016 a Díaz le salió una china en el zapato que todavía hoy le sigue provocando demasiados quebraderos de cabeza. Los médicos, enfermeros y pacientes ya han perdido el miedo a protestar, hartos de los recortes, de la inoperancia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de ser los últimos en todos los rankings sanitarios. La «rebelión de las batas blancas» ha marcado a fuego los últimos dos años de gestión de Díaz. El descontento partió en Granada, donde los profesionales comenzaron a denunciar los efectos nefastos de la fusión hospitalaria, y ha llegado hasta Huelva, donde no hay una unidad de ictus completa y los pacientes tienen que ser trasladados en ambulancia a Sevilla.

Andalucía es la última comunidad autónoma en inversión sanitaria, con 1.166,39 euros de gasto por cada andaluz. Una cifra que está lejos de la media nacional, que se sitúa en los 1.403,53 euros, y muy lejos del País Vasco, que encabeza el ranking con 1.693,49 euros. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en 2010, cuando la crisis impactaba con virulencia, la Junta gastó en sanidad 1.180,09 euros por habitante, casi 14 euros más que la cifra prevista para este año. Con todo, Díaz insiste machaconamente en que la sanidad es la «joya de la corona» de la administración, a pesar de las manifestaciones que se han producido –las más numerosas en la historia de la autonomía andaluza–, de las dimisiones al más alto nivel y del descontento surgido a pie de consulta. Todo ello sin ningún partido detrás.

Problemas de gestión

Los recortes en las plantillas han sido constantes. Andalucía contaba en 2017 con un total de 39.079 médicos colegiados y 43.305 enfermeros. El SAS es un gigante que acapara el 29 por ciento del total del presupuesto autonómico de 2018, con casi 9.000 millones de euros. Sin embargo, estas cifras mastodónticas derivan luego en graves problemas de gestión. Andalucía cuenta con 4,65 médicos por cada 1.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una tasa que está por debajo de la media nacional, que se sitúa en los 5,44. Madrid, por ejemplo, alcanza los 6,70 facultativos. En cuanto a los enfermeros, la región cuenta con 5,15, cuando la media nacional es de 6,43. El registro madrileño, en este caso, es muy superior: 10,48 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Según los cálculos del sindicato de enfermería Satse, la sanidad pública andaluza necesita la incorporación de más de 23.000 profesionales para igualar las ratios nacional y europea.

Los médicos andaluces, además, son los peor pagados de España. Una queja que corre como la pólvora por los pasillos de los hospitales y las consultas de los centros de salud. Según el Sindicato Médico Andaluz, la media del sueldo de un médico interino residente (MIR) en España, sin trienios, es de 2.230 euros, 433 euros más que los 1.797 de un médico en las mismas circunstancias en Andalucía. «Hay una diferencia de 700 euros netos mensuales entre lo que cobra un médico de un hospital de Sevilla y otro de Castilla y León, y si lo comparamos con Ceuta o Melilla la diferencia puede llegar a los 1.000 euros», aseguran.

La llama prendió en Granada porque fue en esta ciudad donde se produjo una gran paradoja. En verano de 2016 la Junta abrió el segundo hospital más grande España, el complejo del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Lo que era una buena noticia para la ciudadanía se le volvió en contra a la Junta, dada la improvisación en la apertura y la posterior dispersión de servicios, con hospitales «mutilados». Se habilitaron carriles para trasladar a los enfermos y los taxistas hacían un improvisado triaje para decidir a qué centro se debía acudir, dependiendo de la dolencia. En este contexto emergió con fuerza la figura del médico de urgencias Jesús Candel «Spiriman», que denunciaba en las redes sociales las consecuencias perversas de la denominada fusión hospitalaria de Granada. Convocó las manifestaciones más multitudinarias que se han visto bajo la Alhambra, hasta el punto de poner en jaque a la administración.

Marcha de 18.000 personas

Las protestas se recrudecieron por toda Andalucía y afloraron las manifestaciones en Málaga, Huelva y Sevilla. El pasado mes de junio «Spiriman» plantó cara a Díaz en la capital hispalense, frente al Palacio de San Telmo, en una marcha que llegó a reunir a 18.000 personas, según la Policía Nacional. La presidenta cedió a la presión y maniobró en consecuencia. A comienzos de 2017 dimitió el entonces viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el gerente del SAS, José Manuel Aranda. Luego, la Junta derogó el decreto de fusión y en la crisis de gobierno acometida por Díaz en junio de ese año no renovó al consejero de Salud, Aquilino Alonso. Tomó su relevo Marina Álvarez, que no ha sabido acallar las protestas. Más bien todo lo contrario, ya que este periódico desveló que su hija había sido contratada irregularmente en un hospital sevillano. Sin embargo, la figura de «Spiriman» entró en declive por su voraz dialéctica. Declaró recientemente en sede judicial por presuntas injurias y calumnias a la presidenta y al fiscal de Granada.

El último eslabón de este rosario de protestas lo están protagonizando los médicos de atención primaria, que ayer secundaron una huelga a nivel autonómico. Reclaman más profesionales y, al menos, diez minutos para atender a los pacientes.

Source: NGT

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