Garantía de continuidad con Melgar

El Gobierno propuso ayer al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado, tras el fallecimiento repentino de José Manuel Maza el pasado sábado en Argentina. La decisión que se elevó al Consejo de Ministros se terminó de cerrar casi ya en la madrugada del viernes y no ha sido consensuada previamente con el PSOE. Es una elección con la que el Gobierno se garantiza la continuidad en la organización del Ministerio Público y en la gestión de todos los asuntos que están ahora mismo en su agenda y que afectan a la desactivación judicial del «procés».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, justificó ayer que no haya habido consultas previas a la oposición en que es competencia del Gobierno la elección del nuevo fiscal general del Estado, que deberá luego ser «examinada» por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Parlamento, aunque sin ser preceptivas sus opiniones. Catalá resaltó tras el Consejo de Ministros que Sánchez Melgar tiene méritos más que suficientes para que sea aceptado por todos los grupos políticos.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha optado por seguir con el modelo que ya utilizó con su predecesor y ha situado al frente de la cúpula fiscal a un magistrado proveniente también, como Maza, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Gobierno quiere continuidad en la Fiscalía en un momento decisivo porque está en pleno desarrollo el proceso penal contra la cúpula independentista. La decisión del TS de asumir todas las causas abiertas, salvo la que afecta al ex director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue ayer bien vista por el Ejecutivo porque entiende que da solidez al proceso. El titular de Justicia explicó que las decisiones de la Fiscalía al respecto no eran posiciones personales de Maza, sino que responden a reglas, criterios, doctrina histórica dentro de la Fiscalía, y que se adoptaron dentro de un equipo, por lo que en ningún caso, señaló, habrá cambios por el relevo al frente del Ministerio Público. No obstante, el ministro sí se anticipó a las consecuencias que pueden derivarse del hecho de que el TS se quede con la causa que instruye en la Audiencia Nacional la jueza Carmen Lamela y señaló que puede haber un cambio de posición sobre las medidas cautelares de prisión preventiva «si cambian las circunstancias y así lo estima el juez».

El PSOE reaccionó de inmediato y aseguró que no se siente concernido por el nombramiento de Julián Sánchez Melgar porque no ha sido consultado. La rapidez en el nombramiento se esperaba, y el PSOE aguardaba, a su vez, «un gesto de deferencia», sostienen, «aunque sólo sea por la situación excepcional en Cataluña y el pacto que nos une al Gobierno para activar el artículo 155».

Pero el Gobierno insistió a través del ministro de Justicia, y también del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que no hay razón para consensuar el nombramiento del fiscal general porque es una competencia del Gobierno y, además, nunca se ha hecho así. El Gobierno nombra, y la oposición critica, dice la tradición. En cualquier caso, en el Ejecutivo confían en que «la experiencia» y el «prestigio en las más altas instancias judiciales» sean méritos que serán tenidos en cuenta. Sánchez Melgar tiene una amplia experiencia como magistrado en el Supremo, donde fue ponente de la «doctrina Parot», que consistía en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el máximo legal permitido de 30 años de cárcel. Esta doctrina sirvió para evitar que condenados por graves y reiterados delitos de sangre o delitos graves como violación pudieran salir antes de prisión.

No sólo en el Gobierno, también en instancias jurídicas descartan que vaya a darse un cambio de rumbo en la posición de la Fiscalía frente al desafío independentista. El magistrado elegido por el Gobierno tiene fama de buen negociador, es muy técnico, y estas cualidades pueden ayudarle a manejarse frente a los vaivenes políticos. Es muy respetado en el Alto Tribunal y era un muy buen amigo de Maza. La previsión es que en dos semanas entre en vigor el nombramiento.

Según el Estatuto Fiscal, el fiscal general será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. Aunque antes debe ser oído el CGPJ y el elegido debe pasar el trámite de la comparecencia en el Parlamento. Rajoy solventa, en cualquier caso, con rapidez máxima la situación de interinidad en la cúpula fiscal. El jueves que viene el CGPJ se reunirá para validar la aptitud del candidato, confirmando que dispone de los requisitos exigidos para ser fiscal general del Estado. El viernes, el Consejo de Ministros analizará el informe del GCPJ y lo enviará al Parlamento, donde Sánchez Melgar tiene que comparecer en la comisión de Justicia para presentar una memoria de actividad. El jueves 7 ya se podría formalizar su nombramiento definitivo.

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Source: NGT

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