La campaña del 14-A podría suspender la vista en el Supremo

Si las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo podrían amenazar la recta final del juicio del «procés» que comienza hoy, un hipotético adelanto electoral que fijase el 14 de abril las generales coincidiría de lleno con el desarrollo de la vista oral y obligaría al tribunal a plantearse una suspensión para no interferir en la campaña, que en ese caso comenzaría el 29 de marzo, en el ecuador del juicio, que está previsto se prolongue durante tres meses.

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aseguró el 31 de enero en un encuentro informal con periodistas que si la vista no ha concluido cuando comience la campaña del 26-M el 10 de mayo la Sala, que preside el magistrado Manuel Marchena, «valoraría la suspensión del juicio» a la vista, fundamentalmente, del número de sesiones que resten para que en el salón de pleno del TS se escuche el visto para sentencia. Una posibilidad nada descabellada si se tiene en cuenta que deben declarar alrededor de 600 testigos (la celeridad en esta fase del proceso depende en buena medida de la renuncia a algunos testigos, por considerar su testimonio prescindible en función de cómo se desarrolle la práctica de la prueba, por parte de acusaciones y defensas) y que una actuación dilatoria por parte de los abogados de los acusados dilataría aún más esa previsión inicial de tres meses de juicio.

Pero lo que es una mera posibilidad en el caso de las municipales, autonómicas y europeas del 26-M, se convertiría en una certeza si las generales se celebran el 14 de abril, pues la campaña comenzaría 15 días antes de la jornada de reflexión, es decir, el 29 de marzo, cuando previsiblemente no hayan comparecido todos los testigos ante el tribunal y quedaría por delante toda la prueba pericial y documental, y los informes y conclusiones finales. Pero para que los comicios se convoquen en esa fecha el Gobierno de Pedro Sánchez debería disolver las Cortes y convocar las elecciones el próximo día 19, una vez el Ejecutivo constate si cuenta o no con el respaldo de los independentistas a sus cuentas.

Aunque no hay ninguna norma que obligue a suspender el juicio por la coincidencia con una campaña electoral, Lesmes recordó que los tribunales españoles han actuado siempre «con prudencia procurando no interferir en procesos electorales». El presidente del TS dijo entonces que resultaba «precipitado aventurar algo», pero lo cierto es que, si finalmente se adelantasen las generales a la fecha indicada, el tribunal se vería en la obligación de tomar una decisión teniendo en cuenta además las indudables implicaciones políticas del juicio a los líderes del «procés», que sin duda estaría muy presente en los discursos de campaña.

Otra opción, la de un superdomingo electoral que aunase las generales, municipales, autonómicas y europeas el 26-M, plantearía idéntica incertidumbre sobre si podrían solaparse las últimas jornadas del juicio con el comienzo de la campaña, pues lo que sí parece más que probable es que, en ese supuesto, la precampaña (que se presume intensa y en la que el desafío independentista acaparará buena parte de la agenda) interfiriese en el desarrollo de la vista oral.

La última palabra le corresponde al tribunal enjuiciador en función del devenir del juicio, de su convicción de que su continuidad pueda interferir en el proceso electoral y, también, en la prueba que quede por practicarse cuando se constate ese, por ahora, imponderable procesal.

Source: NGT

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