La Fiscalía propone 256 testigos para el juicio del «procés»

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal la relación de 256 testigos que propone para que declaren en el juicio a los principales responsables del proceso independentista en Cataluña.

En el escrito, firmado por uno de los cuatro fiscales encargados de la investigación, Javier Zaragoza, solicita que testifiquen, entre otros, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que coordinó el operativo policial el 1-O, así como diversos asistentes a la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre del pasado año, en la que se decidió el despliegue policial en la jornada del referéndum ilegal.

El Ministerio Público pide también que declaren como testigos decenas de agentes en relación a “diferentes episodios de violencia acaecidos durante el mes de septiembre de 2017”, en especial los incidentes durante el registro de la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, cuando la comisión judicial estuvo retenida durante horas por miles de manifestantes al no garantizar los Mossos su evacuación. En esa relación (que la Fiscalía identifica únicamente con números) también se incluye a una docena de testigos para intentar acreditar “la ejecución de diferentes incidentes intimidatorios” que se produjeron ese mismo mes.

La acusación pública insta igualmente a la Sala a dar el visto bueno a la comparecencia de los dos ex miembros de la Mesa del Parlament que votaron en contra de tramitar la batería de leyes independentistas, así como de los letrados de la Cámara autonómica que alertaron de la inconstitucionalidad de aprobar esa normativa, advertencia a la que la entonces presidenta de la institución, Carme Forcadell, hizo oídos sordos.

Asimismo, la Fiscalía del Supremo quiere interrogar a varios guardias civiles y policías “lesionados el 1-O, a consecuencia de los violentos enfrentamientos que se produjeron” al intentar dar cumplimiento al mandato judicial de impedir la votación soberanista suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), y al instructor y secretario “de todos los atestados policiales incorporados al procedimiento”.

Los miembros del Instituto Armado que analizaron los correos electrónicos intervenidos a los acusados, los que participaron en los diferentes registros y los que investigaron el supuesto desvío de fondos públicos para la “preparación, supervisión y realización del referéndum del 1-O y la estrategia internacional del Govern para conseguir la independencia” también son propuestos como testigos. Al igual que el encargado de supervisar las cuentas de la Generalitat, durante la intervención de la Administración autonómica, y de investigar el supuesto “uso indebido y disposición ilegal de fondos públicos”.

Por último, el Ministerio Público también quiere esclarecer la negativa de la Consejería de Territorio de la Generalitat al atraque en el puerto de Barcelona de la embarcación en la que Interior alojó a los agentes que formaban parte del operativo policial del 1-O, el conocido popularmente como “barco de Piolín”.

Source: NGT

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