La Guardia Civil registra las sedes de PwC, Indra, Searco, OHL y Licuas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han pedido en la sede de la consultora PWC los contratos de esta compañía con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, han confirmado a Europa Press fuentes de la consultora. ICM está investigada en el marco de la ‘operación Lezo’ en la que se detuvo ayer al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Los requerimientos para obtener información, con orden judicial para proceder a registros en el caso de que no haya colaboración, ha llevado de momento a los agentes de la UCO a las sedes en Madrid de las empresas ICM, OHL, Indra, Saerco y Licuas, según confirman fuentes de la investigación, que precisan que el operativo continúa abierto.

Los agentes han solicitado información sobre unos trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid.

Según han explicado fuentes de Price Waterhouse Cooper, la consultora ha facilitado la información que les ha sido requerida.

Los agentes de la UCO han registrado la sede de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, que también estuvo inmersa en la operación Púnica.

Martínez Nicolás fue imputado en el caso Púnica por presuntamente haber pagado 10.000 euros al “conseguidor” de esta trama, Alejandro de Pedro, tras recibir supuestamente una orden por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia madrileña cuando la dirigía Salvador Victoria.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco trata de obtener más pruebas que corroboren los indicios de que ICM (en la actualidad Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid) y otras empresas públicas, principalmente el Canal de Isabel II, fueron utilizadas para desviar fondos para financiar al PP de Madrid y para el supuesto lucro personal de Ignacio González.

Por este motivo se ha ordenado el registro de Licuas, una constructora de obra civil especializada en conducciones hidráulicas para abastecimiento de aguas y que es una de las principales contratistas del Canal de Isabel II.

En febrero de 2016, el magistrado Eloy Velasco ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación.

La constructora OHL emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al Partido Popular. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de la nueva fase de la denominada ‘Operación Púnica’, centrada en una presunta financiación del PP de Madrid.

Los agentes se han personado a las 9.20 horas en Torre Espacio, sede central de OHL, en el marco de un dispositivo discreto que también ha sido replicado en las oficinas de Indra, según confirman a Europa Press fuentes de esta compañía, que ha mostrado su “máximo grado de colaboración” con los investigadores de la UCO.

Los agentes han requerido información sobre el contrato para la construcción y explotación de la línea de Cercanías entre Móstoles Central y Navalcarnero, adjudicado a la constructora en 2007.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por Efe, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha ordenado el registro de las dependencias de OHL, aún no ha requerido ni analizado el expediente de contratación.

La sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), propiedad de OHL, entró en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en 2016.

Posteriormente, en marzo de este año, el juzgado de lo mercantil número 1 de Madrid acordó la apertura de la fase de liquidación de la sociedad.

La apertura de la fase de liquidación conlleva la disolución de la sociedad, la liquidación de todos sus bienes, la resolución del contrato de concesión suscrito en enero de 2008 entre Cemonasa y la Comunidad de Madrid, y la obligación del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte del gobierno regional.

En 2015, Cemonasa presentó una reclamación administrativa de resolución de la concesión al considerar que la Comunidad de Madrid había incumplido el contrato, una solicitud que se elevó posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

OHL reclama 370 millones de euros a la Comunidad de Madrid, 320 millones por la inversión y 50 millones por daños y perjuicios.

En marzo de este año, la Comunidad de Madrid comunicó la apertura de un expediente de resolución Èe contrato a Cemonasa por “incumplimiento de las obligaciones” en las obras de ampliación y soterramiento de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

La constructora ha recordado que, hasta la fecha, OHL nunca ha sido condenada por corrupción

Otra empresa a la que se ha reclamado información es Saerco, compañía madrileña especializada en servicios de navegación aérea que fue creada por Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y uno de los empresarios investigados en la ‘Operación Lezo’.

Los agentes de la UCO tratan de buscar, por orden del juez Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, indicios sobre el presunto enriquecimiento particular de un entramado en el que figuran Ignacio González y otros de los detenidos ayer, entre ellos su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.

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