Las torturas chavistas a tres españoles llegan al Senado

La directora ejecutiva del Instituto checo de estudios latinoamericanos Casla, la abogada venezolana Tamara Suju, presentó ayer en Madrid una solicitud para que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español investigue a funcionarios del Gobierno venezolano por supuestos casos de torturas a tres jóvenes con nacionalidad española. Este caso forma parte de un expediente más amplio denunciado ante la Corte Penal Internacional el año pasado, e incluye testimonios de 600 ciudadanos torturados en los últimos quince años en el país latinoamericano. Tamara Suju aseguró a LA RAZÓN que entre los afectados hay dos jóvenes de 21 años y otro de 20 –con nacionalidad venezolana y española– que fueron torturados por los cuerpos de seguridad en Caracas y en Valencia durante las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Nicolás Maduro a principios de 2014.

Uno de los torturados en aquellos días fue Juan Manuel Carrasco, de padre malagueño, tras ser detenido cuando participaba en una manifestación. Sufrió una paliza y le introdujeron el cañón de un fusil por el ano. «El 70% de los casos denunciados presentan torturas de índole sexual, bien violación, tocamientos, actos lascivos o amenaza de violación», relata Suju, quien tuvo que exiliarse de su país por sus investigaciones sobre los abusos con violencia cometidos desde el año 2000. «Durante muchos años, hasta 2012, visité cárceles del país recabando los testimonios de civiles y militares a los que habían torturado. Toda esa información también la tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría especial de la ONU contra la Tortura», añade.

El Instituto Casla, con sede en Praga, quiere demostrar a la Corte Penal Internacional que se trata de una práctica sistemática ejecutada como política de Estado «con el objetivo de asustar a la sociedad». Los primeros en sufrir estos abusos, dice, fueron los propios compañeros del entonces presidente Hugo Chávez, los militares: «Era una manera de decirles que estaba dispuesto a desmantelar la estructura de las Fuerzas Armadas, que hoy funcionan como un brazo ejecutivo del Gobierno», critica.

El informe resalta que existe un mismo patrón de actuación para amedrentar a los considerados como enemigos, practicado por todos los cuerpos de seguridad del Estado: «Los métodos son muy parecidos: se usan descargas eléctricas por todo el cuerpo, golpes, asfixia con bolsas de plásticos, palizas hasta el desmayo y colgamientos. Además, no se trata de hechos individuales sino que en algunos casos se produce de forma colectiva. Arrestan a 30 o 40 personas y les someten a torturas. Se dan casos de hijos golpeados delante de sus padres. Desde 2014 hemos detectado episodios de torturas a menores, ancianos y discapacitados».

Ahora, la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y del Intergrupo de Derechos Humanos del Senado tendrá que estudiar la solicitud de Casla y decidir si pide a la Fiscalía española que abra una investigación. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional sigue recibiendo nuevos casos remitidos por este instituto checho. «Se siguen produciendo torturas en Venezuela, especialmente desde 2014», asegura Gonza lo Himiob, del Foro Penal de Venezuela , donde explican que desde ese año han tramitado 145 testimonios por torturas: «Recibimos muchos más casos, pero sólo registramos aquellos que deciden denunciarlo ante las autoridades». Triste consuelo en un país donde, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, más del 90% de los casos por violencia quedan impunes.

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