Los fiscales ven «inoportuno» que Sánchez se oponga a la rebelión

«El Gobierno se mantiene absolutamente imparcial en relación al procés», se afanó en dejar claro ayer su portavoz, Isabel Celaá, al término del Consejo de Ministros que se celebró en Sevilla, como se empeñó el aligerar el tono sobre el juicio que afecta a 18 dirigentes independentistas frente a quienes acusan al Ejecutivo de presionar a la Justicia para que ésta deje a un lado el delito de rebelión penado con hasta tres décadas de cárcel. Negó que el equipo de Pedro Sánchez haya dado «instrucciones» a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado, órgano que depende del Ministerio de Justicia, en ninguna dirección y aseveró que la última trabaja en la «elaboración de sus calificaciones», que habrá que entregar el 2 de noviembre, de acuerdo a «estrictos argumentos jurídicos, como corresponde», aseguró rotunda. La también ministra de Educación reiteró a modo de pájaro carpintero, que el Ejecutivo «no entra para nada en el poder judicial», como marca la separación de poderes, ni pretende «orientarlo hacia ninguna parte» ni tiene en marcha ningún plan para reformar el polémico delito de rebelión.

Preguntada por las presiones «explícitas» que fuentes del Tribunal Supremo (TS) han criticado para que se descarte el delito de rebelión y se apunte sólo a los de malversación de fondos públicos y sedición, su respuesta resultó un tanto curiosa. Defendió que se trataba de una cuestión «tremendamente subjetiva», de personas, que «se sienten más vulnerables, heridas u ofendidas por las manifestaciones que se puedan hacer desde un ámbito o desde otro». «Todo el mundo es libre para tener sus sentimientos y expresarlos pero no hay ahí -en las declaraciones realizadas por miembros del Gobierno como la vicepresidenta Carmen Calvo o el propio Sánchez que podían interpretarse como que había que replantearse la rebelión– «ningún tipo de presión», quiso zanjar la portavoz.

Los diputados de PDeCAT y de ERC reclaman al Gobierno estatal un gesto político como condición para sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019. Para continuar la polémica, ayer la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) manifestaron que el momento actual para iniciar un debate político sobre el delito de rebelión por parte del Gobierno es «inoportuno», ya que se puede entender como una presión a los jueces del Tribunal Supremo.

Source: NGT

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