Montón, caso cerrado; Borrell, contra las cuerdas

La ex ministra de Sanidad Carmen Montón vio ayer cómo se archivaba la causa que se abrió contra ella por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Por contra, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sancionado un día antes por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por uso de información privilegiada, se vio marcado de nuevo al saberse que, antes de vender las acciones, consultó al actual secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, según una información de Okdiario.

Son dos casos en un escenario que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez desde sus inicios, porque la dimisión de Màxim Huerta –siete días después de tomar posesión de Cultura– no fue sino el comienzo de un desfile de ministros bajo sospecha. La lista la completan Dolores Delgado (Justicia), Isabel Celaá (Educación), Pedro Duque (Ciencia) y Nadia Calviño (Economía), además del episodio que protagonizó Montón y que culminó con su salida por la puerta de atrás el pasado mes de septiembre.

Ayer, la jueza de Madrid Carmen Rodríguez-Medel acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta a la ex titular de Sanidad a raíz de una denuncia anónima relacionada con la obtención de su máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Rey Juan Carlos. La magistrada ha adoptado esa decisión, coincidente con el criterio expresado por la Fiscalía, al concluir que no se ha acreditado debidamente «la perpetración de infracción penal alguna». Esta decisión adquirirá firmeza en los próximos días, ya que en la causa no está personada ninguna acusación particular, que sería la única que podría recurrir, informa F. Velasco.

La magistrada adopta esa medida tras haber analizado toda la documentación remitida por la universidad en relación al máster de la ex titular de Sanidad y a los trabajos realizados por ella. La conclusión es que no ha encontrado nada que justifique continuar con el procedimiento abierto.

Sorprende que la supuesta ejemplaridad de la marcha de Carmen Montón –máxime cuando ahora se certifica que no cometió irregularidad alguna– no desemboque en un gesto idéntico por parte del ministro Borrell, multado con 30.000 euros por un «chivatazo», y cuya inmediata dimisión exigen no sólo el líder del PP, Pablo Casado, sino el socio podemita del Gobierno socialista, Pablo Iglesias, mientras que Ciudadanos reclama su comparecencia en el Congreso.

La gravedad del caso que afecta al veterano socialista se pone de manifiesto en un dato clave: tal y como reflejan los datos internos de la investigación por la venta del paquete accionarial, Josep Borrell vendió las participaciones en Abengoa sólo 12 minutos después de haber mantenido una conversación telefónica con una persona relevante en Abengoa que hoy es un importante cargo en el Gobierno: José Domínguez Abascal.

Entre el resto de titulares de carteras ministeriales bajo la lupa es paradigmático el caso de Dolores Delgado, reprobada por segunda vez el 22 de noviembre, con la abstención de ERC y Bildu, después de que el Senado ya lo hiciera en septiembre. «Jamás en la historia de un ministro había sido tantas veces reprobado en tan poco tiempo. Por tanto pedimos la dimisión ya porque realmente el Gobierno Sánchez es un Gobierno indigno», dijo la popular Dolors Montserrat. Las grabaciones del ex comisario Villarejo salpicaron a la titular de Justicia, que sigue imperturbable al frente del Ministerio con su imbatido récord parlamentario.

Otra información periodística reveló a finales de septiembre que el ministro Pedro Duque tiene un chalé de lujo en Jávea y otras propiedades a nombre de una sociedad patrimonial y gracias a este esquema puede eludir parte del pago de hasta cuatro impuestos: casualmente cuatro de los que su propio Gobierno asegura que deben subirse para evitar la especulación y castigar a los «ricos». El titular de Ciencia e Innovación se defendió con débiles argumentos y se mantuvo en su puesto con «todo el apoyo» del presidente del Gobierno.

Isabel Celaá se sumó recientemente al escándalo por la falta de transparencia en el registro de sus propiedades inmuebles. La portavoz del Ejecutivo habría ocultado en su declaración de bienes un caserío familiar compartido en propiedad con otros seis miembros de su familia. Terrenos y viviendas que podrían estar valorados en 1,2 millones.

Y cierra el listado la ministra de Economía, Nadia Calviño. El diario «Abc» publicó a mediados de este mes que compró en Madrid en el año 2000 una vivienda a través de Aldael Consultores, creada «ad hoc» por Calviño y su esposo, el economista Ignacio Manrique de Lara. Se habría ahorrado así decenas de miles de euros en impuestos.

«¿Queda algo de vergüenza en La Moncloa?», se preguntaba el secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras la última controversia sobre el Ejecutivo. Nadie se ha movido de su silla salvo Carmen Montón, exonerada después de haber tenido que irse al borde del llanto, y a la que Ciudadanos sugería ayer que podría volver a la política.

Source: NGT

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