Por qué ningún gobierno ha exhumado a Franco

La izquierda vuelve a resucitar el viejo debate de la Memoria Histórica. El PSOE ha marcado como prioridad en su agenda parlamentaria el relanzamiento de la Ley de Memoria Histórica con medidas como la concesión de una «indemnización a los beneficiaros de los que fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y los derechos democráticos» de nada menos que 135.000 euros, la creación de un banco de ADN a costa del Estado, severas penas de prisión e inhabilitacióna a quien se niegue a cumplir con la retirada de símbolos del franquismo, la expropiación de la abadía del Valle de los Caídos a la Iglesia católica para convertir el monumento en un centro de la memoria histórica y la exhumación de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera de la Basílica para que sean trasladados a un lugar no preeminente del recinto o a donde determine su familia.

Expertos consultados por LA RAZÓN aseguran que entre las medidas relacionadas con la Memoria Histórica la más irrealizable de todas a priori es precisamente el traslado de los restos de Franco ya que para llevarla a cabo habría que violentar buena parte del andamiaje jurídico y administrativo que mantiene al país de una pieza y funcionando. Además de requerir un «gran consenso social y de todo el arco parlamentario», las pretensiones socialistas se topan de bruces con un conflicto competencial, dado que la Iglesia tiene «competencia plena» sobre el interior de la Basílica –lugar en el que permanecen los restos–, por lo que su exhumación sólo sería posible con su autorización. A continuación se detallan argumentos que dificultan si no imposibilitan acometer esta tradicional reclamación de la izquierda, que explica porque pese a haber gobernado más de veinte años España nunca la ha llevado a cabo:

PROBLEMÁTICA JURÍDICA

Javier Rodríguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense, alerta de la «aberración en términos jurídicos» que supone que el poder Legislativo, mediante este tipo de maniobras parlamentarias, intente «subvertir el orden constitucional pretendiendo que el Ejecutivo actúe bajo sus consignas» en el caso concreto de la exhumación de Franco. «Es propio de los procesos constituyentes o revolucionarios que el poder Legislativo asuma todas las funciones del Estado, como se ve en el proceso revolucionario en Francia y Rusia, pero cuando no hay un proceso constituyente en marcha como actualmente en España, esto es absurdo y un preocupante precedente».

CONFLICTO COMPETENCIAL

No obstante, el principal escollo con el que se topa la demanda socialista y que la convierte en un brindis al sol es el conflicto competencial existente. El Gobierno central no tiene competencias sobre cementerios y política sanitaria mortuoria desde hace más de 30 años, cuando éstas fueron transferidas a la Comunidad de Madrid en virtud del Real Decreto 1359/1984, de 20 de junio, por lo que tendría que ser el Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes el que lo llevara a cabo. La Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos que puso en marcha José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 ya consideró «complicado» poder trasladar los restos por la competencia de la Iglesia sobre el interior de la Basílica del Valle. De hecho, tres de sus miembros: Miguel Herrero de Miñón, Feliciano Barrios y Pedro José González-Trevijano se mostraron contrarios al sentir general del informe –favorable a la exhumación–.

LA LEY NO LO CONTEMPLA

La actual Ley de Memoria Histórica no contempla la posibilidad y aunque en la reforma se incluyera «esta iniciativa tiene una difícil ejecución, debido a que el Valle de los Caídos es una Basílica, y por ello, tiene una total dependencia de la normativa de la Iglesia Católica, necesitando su consentimiento y aprobación para realizar cualquier tipo de modificación o cambio en el templo», asegura el abogado Pablo Piñeyro Merry del Val, del despacho Fuster-Fabra. En concreto, el propio artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica define el Valle de los Caídos como un lugar de culto y un cementerio, por lo que sobre el conjunto monumental tiene competencia la autoridad eclesiástica y el Derecho Canónico. Esta última circunstancia hace que entren en juego los Acuerdos con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, concretamente el artículo 1.5, que estipula que el Estado no tiene competencias sobre cementerios, exhumaciones y traslados de restos de los cementerios eclesiásticos.

NUEVO CONVENIO CON LA IGLESIA

Lo anteriormente expuesto requeriría, por tanto, alcanzar un nuevo Convenio con la Iglesia, ya que el actual data de 1958. La Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos ya preveía en su informe establecer una nueva relación con la Iglesia dada la responsabilidad que posee en el futuro del Valle de los Caídos. A juicio de la citada comisión, el tiempo transcurrido y la aprobación de la Constitución de 1978 han convertido al Convenio en un «anacronismo» que debe ser revisado y alumbrar un nuevo texto en el que se diferencie «entre las obligaciones religiosas y el resto de las obligaciones y competencias que supone la administración y gestión del Valle, administración que salvo la Basílica, Abadía-Escolanía y Hospedería, corresponderá a la Fundación», establece el informe.

CONSENSO SOCIAL

Otra de las conclusiones de la Comisión sobre el Valle de los Caídos impulsada por Zapatero es que para proceder a la exhumación de los restos de Franco es imprescindible un gran consenso social y de todo el arco parlamentario. Esta comisión es partidaria de buscar la «continuidad y asunción» de la historia de España «tal y como es», aceptando «sus luces y sus sombras». La Comisión advierte de que lejos de lograr este consenso, el traslado de Franco 36 años después de su fallecimiento aún puede provocar «división, separación y tensión» entre la sociedad, algo que consideran necesario «sopesar y evitar».

En este mismo sentido cabe situar la valoración del historiador Jesús Laínz sitúa la propuesta en un concepto de la «memoria histórica que tiene muy poco de ‘‘memoria’’ y mucho de ‘‘venganza’’ histórica». Laínz destaca el valor simbólico de retirar los restos de Franco: ganar la guerra 80 años después para demostrar que aunque la perdieron militares pero moralmente debieron ganarla.

NUEVO PLAN URBANÍSTICO

También sería problemática jurídicamente la actuación que se pretende en la explanada situada frente a la entrada a la Basílica, donde se quiere construir un centro de interpretación de la memoria. Se da la circunstancia de que el conjunto monumental del Valle de los Caídos está catalogado como elemento arquitectónico especial «grado de protección integral» que sólo permite «obras de rehabilitación y mantenimiento». Para todo lo que salga de esta descripción debe elaborarse un Plan Especial Urbanístico que deberá ser aprobado por el ayuntamiento. Actualmente en San Lorenzo del Escorial gobierna Blanca Juárez (Vecinos de San Lorenzo), con el apoyo de nada menos que de cinco partidos (PSOE, Cs, En Común, PSL y Sí se puede) además del suyo. Todo parece indicar que en las municipales de 2019 el PP volverá a recuperar la alcaldía que había detentado desde hace 20 años, lo que haría menos plausible este Plan Especial Urbanístico.

VOLUNTAD DE LA FAMILIA

Recuerda Jaime Alonso, abogado de la Fundación Francisco Franco, que «toda sepultura depende en último término de la voluntad de la familia y de los herederos y así está recogido en el Código Civil» por lo que existen argumentos también en esta rama del Derecho que invalidarían cualquier actuación por parte de la Administración que pretendiera ejecutar propuestas de esta índole.

Por otro lado, fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este diario aseguran que el tema, aunque «incordiante políticamente y ciertamente enrevesado» debería resolverse en cualquier caso teniendo en cuenta un aspecto determinante: «la decisión de la familia y los herederos». En el caso de Primo de Rivera, se podrían aplicar todo lo estipulado por los caídos en la Guerra Civil ya que él fue una de ellas, señalan.

Source: NGT

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