«¿Quieres una Cataluña libre, soberana y republicana?»

Ni un paso atrás. Entre la paciencia y la bronca que evoca Pedro Sánchez, el presidente de La Generalitat escoge lo último. Según fuentes de su entorno, Joaquim Torra entregará al jefe del Gobierno un escrito con la pregunta del referéndum de autodeterminación, que considera exigencia irrenunciable. «¿Quieres una Cataluña libre, soberana y republicana?». Así reza la misiva que el núcleo duro de Torra elabora en estos momentos para dársela en mano a su interlocutor en el encuentro del próximo día nueve. El incidente acaecido en Washington, con el choque frente al embajador de España que dejó atónito al público norteamericano, revela la dificultad de un diálogo de sordos. Ni el acercamiento de los presos a cárceles catalanas, ni el levantamiento del control de las cuentas ni muchas de las reivindicaciones que Puigdemont trasladó en su día a Mariano Rajoy, satisfacen a Torra y sus «halcones». En contra de lo manifestado por Pablo Iglesias tras su entrevista en Barcelona, en la Generalitat lo dejan muy claro: el 1-O está vigente y ahora debe hacerse efectivo su mandato.

El referéndum de autodeterminación con la pregunta hacia una república catalana, la liberación total de sus llamados presos políticos y el regreso de los exiliados sobre quienes el juez Pablo Llarena estrecha cada vez más el cerco judicial, son exigencias que Quím Torra piensa poner encima de la mesa en su visita a La Moncloa. Muy molesto por el apoyo del Gobierno al embajador Pedro Morenés, el president no cede y su apuesta por la vía unilateral sigue vigente. «España criminaliza a Cataluña», dicen sus portavoces encabezados por Elsa Artadi y Eduard Pujol. En el seno del Govern se libra una guerra soterrada entre los consejeros del PDeCAT no afines a Torra y los de Esquerra Republicana, mucho más pragmáticos. Aunque ERC no renuncia a sus postulados separatistas, varios de sus dirigentes como Joan Tardá y Esther Capella mantienen contactos con ministros de Madrid y la nueva delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.

Los dos últimos golpes al independentismo proceden del ámbito judicial. Tal como adelanto este periódico, la justicia alemana dilata su decisión sobre la extradición del fugitivo Puigdemont a España, ante el extenso informe remitido por el juez Llarena sobre malversación de fondos públicos durante el uno de octubre. Pero además, la fianza de más de dos millones de euros impuesta por el magistrado del Supremo a los ex miembros del Govern ha caído como un jarro de agua fría. «Un golpe en toda regla», reconocen en el entorno de Carles Puigdemont, quien por decisión judicial puede junto a Oriol Junqueras, el resto de encarcelados y fugados, perder su condición de diputados. Precisamente estos fondos públicos supuestamente malversados son el eje central del auto de Llarena y la base jurídica para una posible entrega de Puigdemont a España. El plazo de dos días para pagar esta fianza por parte de los catorce ex miembros del Govern comienza a contar mañana lunes.

Por ello, los nervios cunden en el mundo soberanista. El propio Puigdemont llamó personalmente el pasado viernes a su sucesor y ambos acordaron activar la llamada «caja de la solidaridad» de entidades soberanistas como la ANC y Omnium Cultural para hacer frente al pago exigido por el juez. No es la primera vez que esto sucede, pues ya se realizaron entregas de dinero con la primera imputación de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la libertad provisional de Carles Puigdemont en Alemania. Hasta la fecha, la ANC y Omnium llevan depositados seis millones de euros para sufragar fianzas de líderes soberanistas, lo que ha mermado sus cuentas. Fuentes de ambas organizaciones han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colaboren en el pago de estas cuantías que, de no hacerse efectivas, conllevan el embargo de bienes de los procesados.

En el entorno más radical de Torra, encabezado por Elsa Artadi y Eduard Pujol, así como en la corte europea de Carles Puigdemont, han acogido esta decisión judicial con «rabia contenida», lo que redobla sus exigencias públicas y victimismo ante el próximo encuentro con Pedro Sánchez con un listado de férreas reclamaciones. «Como un activista antes que presidente de todos los catalanes». Así definen la conducta de Quím Torra en los partidos constitucionalistas, si bien en La Moncloa la palabra que impera es «desinflamar». El presidente del Gobierno ha dado orden de no caer en provocaciones, algo que genera fuertes críticas entre varios barones socialistas que demandan un gesto de mayor firmeza de Sánchez. Sobre todo, por los desplantes efectuados ante el Rey durante su reciente visita a Gerona para la entrega de los Premios Princesa de Asturias, colofón del frío escenario en los Juegos Mediterráneos de Tarragona.

Estos líderes regionales, entre los que destacan la andaluza Susana Díaz, el asturiano Javier Fernández, el aragonés Javier Lambán y el castellano-manchego Emiliano García Page, están también muy molestos con el papel de Pablo Iglesias, a quien acusan de actuar como «un ministro en la sombra» por encargo del propio Sánchez. Opinan que esto fortalece al dirigente de Podemos en detrimento del PSOE y su factura electoral. La debilidad parlamentaria de Sánchez, argumentan, no puede saldarse con la entrega «de hoz y coz» al podemita, como se está viendo en el bochornoso espectáculo de renovación al frente de RTVE. La más beligerante, la presidenta andaluza, teme que ello afecte a sus resultados electorales, dado que baraja adelantar sus comicios autonómicos al otoño, mientras el resto se la juegan en el mes de mayo del año próximo.

Aunque en un principio Puigdemont y los «halcones duros» planteaban incluso la negativa de acudir a Moncloa, finalmente se ha impuesto la tesis de venir a Madrid con exigencias muy elevadas. «Partimos del uno de octubre sin discusión», aseguran fuentes del Govern. Así, el derecho de autodeterminación, el referéndum y la república son irrenunciables junto a la liberación de sus llamados presos políticos. Quím Torra no aceptará el acercamiento de los encarcelados a prisiones catalanas, que el gobierno de Sánchez ha empezado ya a perfilar tras el permiso del juez Llarena, y reclama su inmediata salida de la cárcel. Frente a la seguridad de que Pedro Sánchez le pedirá preservar la unidad del Estado, este se mantendrá firme en el respeto al derecho de autodeterminación del pueblo catalán. «No queremos un diálogo de sordos, pero puede serlo», admiten pesimistas en el entorno de Torra.

Source: NGT

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