Rajoy descarta el plan del PNV para los presos si ETA no se disuelve

Los presos etarras no están encima de la mesa de negociación que el Gobierno tiene abierta con el Ejecutivo vasco sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Y en Moncloa no están tampoco en estos momentos barajando escenarios sobre si cabe hacer algún gesto para responder al anuncio de ETA de su desarme total el próximo 8 de abril. Mariano Rajoy no se va a mover. Está a la espera de ver en qué queda el anuncio etarra, la valoración que hacen las Fuerzas de Seguridad del Estado y si éstas confirman que los terroristas han entregado todo el arsenal que la actual dirección de ETA conoce. Pero el presidente «está abierto» al diálogo con el Gobierno vasco y a volver a mantener una reunión con el «lendakari», Íñigo Urkullu, con quien ya se entrevistó con discreción antes de que se oficializasen los planes etarras el viernes.

Fuentes gubernamentales sostienen que antes de hablar de nada tiene que quedar acreditada la disolución y la entrega de las armas, y que no cabe hacer ningún gesto que pueda interpretarse «como una cesión a los etarras por asumir la derrota». El Gobierno se resiste a hablar en estos momentos de la posibilidad de revisar la política penitenciaria, ni siquiera en la cláusula de la dispersión de reclusos de ETA, pero es el único punto en el que podría haber algo de lo que discutir siempre y cuando quede acreditada la disolución de la organización terrorista. Ahora bien, desde el Gobierno subrayan que los presos etarras tienen que cumplir sus condenas, que quedan pendientes crímenes por resolver y que sigue siendo obligado colaborar en su resolución y resarcir a las víctimas. Además de que ya está abierta la «vía Nanclares».

En paralelo, el Gobierno vasco precisó ayer, en relación a una información de «El Correo Vasco» sobre un plan de acercamiento de presos etarras con destino Moncloa, que este plan se actualiza periódicamente y que la última vez que se hizo fue en noviembre del pasado año. En ese último documento se establece que el alejamiento de los reclusos tenga un límite máximo de 250 kilómetros respecto al País Vasco.

En cualquier caso, y aunque el PNV ha desvinculado expresamente esta cuestión de la negociación presupuestaria, la dirección popular rechazó ayer con rotundidad la iniciativa nacionalista. Muy explícito fue el portavoz del PP vasco, Alfonso Alonso, quien justificó su desmarque en que entiende que hablar de revisar la política penitenciaria es «una cesión» a los terroristas. Rajoy, por su parte, eludió valorar el plan, y tampoco despejó la incógnita sobre si volverá a verse pronto con Urkullu. Fuentes de Moncloa sí confirmaron que el diálogo se mantiene activo, tanto en materia presupuestaria como en lo que afecta a la gestión del anuncio de ETA.

En paralelo, Rajoy sí hizo gestos en el Senado al PNV en pleno proceso de negociación presupuestaria ante la ya anunciada fecha del 31 de marzo para su aprobación por el Consejo de Ministros. «Hoy me toca hacer amigos», comentó en respuesta al parlamentario nacionalista, Jokin Bildarratz, quien le interpeló por la negativa del Ejecutivo central a autorizar una consulta ciudadana en San Sebastián. El presidente eludió polemizar con él. «Más que con un tono bajo, yo estoy prudente. Hoy en día me toca hacer amigos», puntualizó. La misma estrategia que había seguido con el senador de Ciudadanos (Cs), Francisco Javier Alegre. El presidente del Gobierno sí subrayó que las consultas deben ajustarse siempre a la ley porque España es un Estado de Derecho y todos debemos ajustarnos a la legalidad.

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