Rull y Turull seguirán en prisión y no podrán tomar posesión como consellers

Los consellers del nuevo Gobierno de Quim Torra Josep Rull y Jordi Turull no podrán tomar posesión mañana de sus cargos. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga a los principales responsables del proceso independentista catalán, ha acordado hoy rechazar su petición de libertad por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Este último, advierte, se ha potenciado incluso por la voluntad expresada del nuevo president de impulsar la república independiente ilegalmente declarada.

En su resolución, el magistrado sostiene que desde que hace solo cinco días la Sala de Apelaciones del Supremo rechazó su puesta en libertad no han cambiado los argumentos esgrimidos para mantenerles en la cárcel. Y recuerda que los investigados están determinados a continuar la ejecución del plan ilegal para lograr la independencia tan pronto recuperaren el control de las instituciones una vez levantada la vigencia del artículo 155, lo que demuestra que “un eventual retorno de los procesados al Consejo de Gobierno de esa comunidad no sólo no desvanece o mitiga el riesgo de reiteración delictiva que trata de conjurarse, sino que lo potencia, más aún cuando el presidente que pretende designarlos ha exteriorizado su voluntad y determinación de impulsar la república independiente ilegalmente declarada”.

Llarena advierte de “los relevantes e irreparables perjuicios colectivos que pueden derivarse de la inobservancia y de la violación del orden constitucional” por parte de los dos procesados, que de acceder a su libertad complicarían incluso su vuelta a prisión “si se considera el riesgo de fuga existente y las dificultades de ejecución que podrían surgir”.

No puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo, elementos que han permitido a quienes ya se han fugado, mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España y de la residencia que hasta entonces era su domicilio habitual”, insiste el juez reproduciendo el argumento de la Sala de apelaciones en su auto del pasado 17 de mayo.

El instructor recuerda que la actuación supuestamente delictiva que les imputa ha consistido en que “determinados partidos políticos secesionistas desplegaron su capacidad política para, desde su mayoría de escaños en el Parlamento, designar un presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña que ejecutara las iniciativas legislativas de fragmentación territorial impulsadas desde el Parlamento, por más que estás hubieran sido declaradas contrarias a nuestra Norma Suprema y hubieran sido anuladas por el Tribunal Constitucional, así como para que el Gobierno autonómico condujera su actividad con esa misma orientación”. “Todo ello –añade-, impulsando y favoreciendo, con quebranto de las normas imperativas penales, que amplios sectores sociales que comparten ese ideario, se enfrenten pública y colectivamente a la actuación que las instituciones del país han desplegado para preservar el orden constitucional, buscando con ello forzar al Estado a aceptar la situación de hecho ilegalmente creada”.

Y precisa que la intervención de ambos en el proceso soberanista “habría consistido en organizar e impulsar la ejecución del plan de independencia, aprovechando para ello las funciones ejecutivas que, como consellers, tenían en el anterior Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, hasta que fueron cesados con ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española”.

Source: NGT

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